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El Gobierno ha aprobado una nueva regulación de la prestación económica destinada a quienes necesitan reducir su jornada para cuidar de hijos con cáncer u otras enfermedades graves. El Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre, publicado en el BOE del 5 de noviembre, introduce precisiones sobre tratamientos fuera del hospital, escolarización, concurrencia de progenitores y duración de la protección. Entrará en vigor el 5 de enero de 2027: hasta esa fecha no deben confundirse las novedades anunciadas con los requisitos actualmente exigibles.
Una reforma para facilitar la conciliación ante enfermedades graves
Cuando un hijo padece una enfermedad grave, los tratamientos, los desplazamientos a centros sanitarios y los cuidados diarios pueden resultar difíciles de compatibilizar con una jornada laboral ordinaria. La prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME, busca compensar parcialmente la pérdida de ingresos de quien reduce su actividad para proporcionar esa atención.
La protección se encuentra recogida en los artículos 190 a 192 de la Ley General de la Seguridad Social. Para las personas asalariadas, el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores contempla el correspondiente derecho de reducción de jornada. No se trata de una baja médica del progenitor: la persona sigue trabajando, pero disminuye su actividad, generalmente en un mínimo del 50 %, para atender al familiar.
El Real Decreto 957/2026 sustituirá desde su entrada en vigor al Real Decreto 1148/2011 y adapta el desarrollo reglamentario a las nuevas realidades médicas y familiares. Sus disposiciones no justifican afirmar que las reglas nuevas ya se aplican en noviembre de 2026.
1. Los tratamientos fuera del hospital tendrán un reconocimiento más claro
El artículo 4 del nuevo reglamento enumera expresamente situaciones asimiladas al ingreso hospitalario, siempre que exijan cuidado directo, continuo y permanente. Incluye la hospitalización a domicilio, los tratamientos ambulatorios o continuados y determinados cuidados domiciliarios complejos vinculados a terapias especializadas o prescritos facultativamente.
Esto importa porque hay enfermedades graves que requieren atención intensa después del alta o sin un ingreso convencional. Sin embargo, no cualquier tratamiento domiciliario da derecho al subsidio. Debe acreditarse que la atención responde a necesidades clínicas relevantes y que la ausencia de ingreso se debe a criterios clínicos, terapéuticos u organizativos, no a una menor intensidad de los cuidados.
La declaración médica deberá reflejar estas circunstancias, de conformidad con los artículos 4 y 6 y con el modelo del anexo II del real decreto.
2. La escolarización no impedirá necesariamente percibir la prestación
La asistencia del hijo a un centro educativo puede resultar compatible con la necesidad de cuidado. El artículo 4.3 del nuevo reglamento reconoce esta posibilidad cuando persistan tratamientos, controles, episodios de crisis, necesidades de vigilancia, administración de medicación, desplazamientos frecuentes u otras circunstancias clínicas que exijan la disponibilidad efectiva del progenitor.
La escolarización no implica por sí sola que haya desaparecido la necesidad de cuidado. Tampoco significa que toda familia con un menor escolarizado y enfermo tenga derecho a la prestación. Debe existir un informe facultativo que concrete las necesidades asistenciales y se deben cumplir los restantes requisitos.
Esta precisión puede ser relevante para quienes atienden al menor antes o después de las clases, deben acudir a revisiones frecuentes o necesitan responder de inmediato ante una complicación. Lo importante no es una incompatibilidad automática por asistir a clase, sino la realidad acreditada de los cuidados.
3. Ambos progenitores podrán percibirla simultáneamente bajo determinadas condiciones
El artículo 8 contempla que, si ambos progenitores, guardadores o acogedores permanentes reúnen los requisitos, la prestación pueda reconocerse a uno de ellos o a ambos de forma alternativa o simultánea. Cada solicitante deberá acreditar individualmente su situación de alta, cotización, reducción de actividad y los demás requisitos.
En caso de percepción simultánea por el cuidado de la misma persona, el artículo 11.2 establece que cada beneficiario cobrará un subsidio equivalente al 50 % de su propia base reguladora, con independencia del porcentaje concreto de reducción de su jornada. No debe interpretarse, por tanto, que ambos percibirán cada uno el 100 % de su base reguladora.
El disfrute alternativo también puede acordarse por períodos que, como regla general, no sean inferiores a quince días. En situaciones de separación o divorcio con convivencia compartida del hijo, el reglamento contempla reglas específicas de alternancia vinculadas al régimen de convivencia acreditado.
4. Particularidades para familias monoparentales o separadas
El reglamento reconoce expresamente a la única persona progenitora, guardadora o acogedora de una familia monoparental como posible beneficiaria, siempre que cumpla las condiciones de actividad, cotización y reducción exigidas.
Asimismo, en supuestos de nulidad, separación, divorcio, extinción de pareja de hecho o violencia de género acreditada, el artículo 8 prevé que la prestación pueda reconocerse a quien conviva con la persona afectada aunque el otro progenitor no trabaje, siempre que concurran los restantes presupuestos legales.
La convivencia podrá acreditarse mediante empadronamiento u otros medios probatorios admitidos en Derecho.
5. ¿Hasta qué edad podrá mantenerse la prestación?
La protección no concluye necesariamente al alcanzar los dieciocho años. El artículo 13 prevé que pueda mantenerse hasta los veintitrés años cuando persista la enfermedad grave diagnosticada antes de la mayoría de edad y continúen los cuidados exigidos. También regula la posibilidad de reconocerla después de los dieciocho, dentro de ese límite, bajo los requisitos establecidos.
Si antes de cumplir veintitrés años la persona afectada acredita una discapacidad igual o superior al 65 %, la protección podrá extenderse hasta los veintiséis años. Excepcionalmente, podrá mantenerse más allá de esa edad si existe discapacidad igual o superior al 65 % o grado III de dependencia, persiste la convivencia con la persona beneficiaria y siguen acreditándose las necesidades de cuidado.
No se trata de una prórroga automática por edad, discapacidad o dependencia. La continuidad de la prestación exige cumplir y acreditar las condiciones legales en cada caso.
6. Cuantía, cotización y duración del subsidio
Como regla general, la cuantía equivale al 100 % de la base reguladora de la incapacidad temporal correspondiente, aplicando después el porcentaje de reducción de jornada. La base aplicable varía según la cobertura de contingencias profesionales o comunes. Para autónomos y determinadas modalidades de trabajo existen particularidades de cálculo.
A modo de ejemplo simplificado, si la base reguladora mensual utilizada fuera de 1.800 euros y la jornada se redujera a la mitad, el subsidio orientativo sería de 900 euros mensuales. El cálculo real requiere examinar las bases y condiciones concretas; en el supuesto de disfrute simultáneo se aplica la regla especial antes explicada.
Respecto a cotización, el artículo 10 no exige período mínimo a menores de veintiún años. Para edades superiores fija distintos mínimos: entre veintiuno y veinticinco años, noventa días en los siete años anteriores o ciento ochenta en la vida laboral; desde los veintiséis años, ciento ochenta días en los siete años anteriores o trescientos sesenta a lo largo de la vida laboral.
El artículo 12 prevé un reconocimiento inicial de cuatro meses, una primera prórroga de seis meses y las posteriores de ocho meses, siempre que subsista la necesidad acreditada. La duración podrá ser menor cuando así resulte de la declaración médica. También se contemplan controles periódicos e informes adicionales en los términos de la norma.
7. Solicitud, documentación y efectos económicos
La solicitud deberá dirigirse a la entidad gestora o a la mutua colaboradora que resulte competente. Habrá que acreditar la relación con la persona afectada, la situación laboral, la reducción de jornada y la necesidad clínica de cuidado mediante la declaración médica exigida.
El artículo 12 dispone que el derecho puede reconocerse desde el inicio de la reducción cuando la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes. Si se presenta después, los efectos económicos tendrán una retroactividad máxima de tres meses. Por ello conviene conservar justificantes de la comunicación laboral, documentación médica y resguardos de presentación.
Una resolución denegatoria o extintiva debe analizarse atendiendo a su motivación, a las pruebas aportadas y a los mecanismos de reclamación que correspondan.
8. ¿Qué ocurrirá con las prestaciones ya reconocidas?
La disposición transitoria única regula los procedimientos y prestaciones en curso. Desde la entrada en vigor del nuevo reglamento se regirán por sus disposiciones, conservándose las actuaciones ya realizadas sin necesidad de retrotraerlas. También prevé la aplicación preferente de las reglas más favorables en los términos que establece.
Esto no implica que todas las prestaciones aumenten automáticamente o que todas las familias deban presentar una nueva solicitud. Será necesario revisar las condiciones concretas del reconocimiento, las próximas prórrogas y, en su caso, las mejoras que puedan resultar aplicables a partir del 5 de enero de 2027.
Conclusión
El Real Decreto 957/2026 actualiza la protección de las familias que deben reducir su trabajo para atender a hijos con cáncer u otras enfermedades graves. El reconocimiento de cuidados fuera del hospital, la compatibilidad con la escolarización, la regulación de la percepción simultánea y las reglas de duración son especialmente relevantes para la conciliación.
La norma fue publicada el 5 de noviembre de 2026, pero su entrada en vigor está prevista para el 5 de enero de 2027. Hasta entonces debe distinguirse cuidadosamente la normativa aplicable de las nuevas previsiones.
En Nereus Abogados ofrecemos asesoramiento en Derecho Laboral y Seguridad Social en Vigo y Pontevedra. Si necesita solicitar esta prestación, estudiar una denegación o comprobar cómo le afectará el nuevo reglamento, puede contactar con nuestro despacho para valorar su situación.
Fuentes oficiales
- Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre. BOE núm. 276, 5 de noviembre de 2026; entrada en vigor el 5 de enero de 2027.
- Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015; artículos 190 a 192.
- Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015; artículo 37.6.
- Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, vigente hasta la entrada en vigor del nuevo desarrollo reglamentario.
El Real Decreto 957/2026 se publicó el 5 de noviembre de 2026 y entrará en vigor el 5 de enero de 2027. Artículo preparado el 11 de noviembre de 2026, pendiente de revisión final del despacho.
